La medida ha generado una fuerte reacción por parte de gobiernos departamentales y empresas del sector, quienes advierten sobre graves consecuencias fiscales y económicas.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, alertó que el incremento podría restarle al departamento hasta 120.000 millones de pesos en ingresos, recursos que son fundamentales para financiar el sector de la salud. La lógica detrás de esta advertencia es que un aumento tan significativo en el precio final de los licores podría desincentivar el consumo legal y, en su lugar, fomentar el contrabando y la adulteración, lo que a su vez reduciría el recaudo del impuesto al consumo, una de las principales rentas departamentales. La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) también expresó su preocupación, señalando que el nuevo esquema podría llevar la carga fiscal total sobre los licores a cerca del 90%, un nivel que consideran crítico. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se sumó a las voces de alerta, afirmando que impuestos muy altos en productos como licores y tabaco históricamente han demostrado ser un incentivo para el contrabando, lo que podría tener un efecto contrario al deseado por el Gobierno en términos de recaudo.