Las medidas, cuya constitucionalidad deberá ser evaluada por la Corte Constitucional, abarcan diversos sectores y tipos de consumo.

Entre las más destacadas se encuentra la subida del IVA del 5% al 19% para bebidas alcohólicas como aguardiente, ron y whisky, excluyendo la cerveza.

Se incrementa significativamente el impuesto al tabaco, con una tarifa específica de $11.200 por cajetilla más un componente adicional, y se grava a los vapeadores. Adicionalmente, se crea un impuesto al patrimonio para personas con patrimonios líquidos superiores a 40.000 UVT y se eleva la sobretasa de renta para el sector financiero, llevando su tarifa total al 50%. El decreto también incluye un impuesto al consumo del 19% para bienes de lujo, un gravamen especial del 1% a la extracción y exportación de petróleo y carbón, y la imposición de IVA del 19% a los juegos de suerte y azar operados por internet. Finalmente, se reduce el umbral de exención de IVA para compras internacionales de US$200 a US$50 y se contempla una reducción transitoria de sanciones e intereses para deudores morosos de la DIAN.