Sin embargo, la decisión ha generado un amplio debate.

Críticos señalan que, dado que Colombia no produce muchos de los bienes tecnológicos o especializados que se importan, el gravamen funciona como un impuesto directo al consumo y a la tecnificación, más que como una protección a la industria nacional. La controversia se agudiza por su aplicación práctica: el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, explicó que el impuesto se causa en el momento de la nacionalización del producto, no en la fecha de compra. Esto implica que productos adquiridos en diciembre de 2025, bajo la exención anterior, pero que llegaron al país en enero de 2026, deben pagar el IVA del 19%, una situación que Junco calificó como un “juego sucio”. Por su parte, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), a través de su presidenta María Fernanda Quiñones, reconoció que el mecanismo de *minimis* estaba siendo usado para eludir obligaciones tributarias, creando una “inequidad de cancha”, pero advirtió sobre la necesidad de implementar las medidas con equilibrio para no afectar la competencia leal.