Gobierno insiste en la no deducibilidad de regalías y reabre debate jurídico

El Gobierno Nacional ha vuelto a proponer la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta para las empresas del sector extractivo, incluyéndola en el decreto de emergencia económica. Esta medida revive un intenso debate jurídico y fiscal, ya que una norma similar, incluida en la reforma tributaria de 2022, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en 2023. En su fallo anterior (Sentencia C-489 de 2023), la Corte concluyó que impedir la deducción vulneraba principios tributarios al desconocer que las regalías, en su naturaleza económica, pueden ser consideradas un costo de producción. Pese a este antecedente, el Ejecutivo insiste, argumentando que las regalías son una contraprestación por la explotación de recursos naturales no renovables que pertenecen a la Nación, y no un costo empresarial ordinario. Desde esta perspectiva, permitir su deducción implica que el Estado termina “subvencionando” parcialmente la explotación de sus propios recursos. El Gobierno sostiene que ha diseñado una nueva fórmula técnica que busca ajustarse a los precedentes de la Corte. Sin embargo, la viabilidad jurídica de la medida es incierta. Expertos en derecho tributario señalan que el margen de maniobra es limitado y que una norma que reproduzca el contenido esencial de la disposición anulada podría ser considerada cosa juzgada constitucional. El sector minero-energético ha advertido que la restricción podría afectar la inversión y la estabilidad jurídica, mientras el Gobierno prioriza el aumento del recaudo, estimado en hasta 3 billones de pesos, y la sostenibilidad fiscal.

En resumen

El Gobierno ha reintroducido la prohibición de deducir las regalías del impuesto de renta para el sector extractivo a través de un decreto de emergencia. Esta acción desafía un fallo previo de la Corte Constitucional, reabriendo un complejo debate sobre la naturaleza de las regalías y generando incertidumbre jurídica y económica.

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