La medida busca que las personas con mayor riqueza en el país realicen un mayor aporte para solventar las necesidades fiscales del Estado. El cambio más sustancial es la reducción del umbral a partir del cual se debe pagar el tributo.

Anteriormente fijado en 72.000 UVT (cerca de 3.600 millones de pesos), el nuevo umbral se establece en 40.000 UVT, lo que equivale a patrimonios líquidos superiores a 2.000 millones de pesos. Adicionalmente, se introduce una estructura de tarifas marginales y progresivas que se incrementan con el valor del patrimonio.

La tarifa comenzará en 0,5 % y podrá llegar hasta un 5 % para aquellos patrimonios que superen los 100.000 millones de pesos.

Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, esta modificación está diseñada para reforzar el principio de equidad fiscal. El Gobierno estima que la medida impactará a cerca de 102.000 contribuyentes, que representan el 0,8 % de la base tributaria del país, y espera generar un recaudo adicional de aproximadamente 1,7 billones de pesos en 2026. Esta reforma es una de las piezas centrales del paquete fiscal de emergencia y refleja la intención del Ejecutivo de concentrar la carga tributaria en los sectores con mayor capacidad económica.