La exclusión de la cerveza se argumentó en su “alto consumo social” y su “dinámica social distinta”, para evitar un mayor impacto inflacionario en sectores populares. Sin embargo, la medida ha generado una fuerte reacción de gobiernos departamentales y de la industria licorera.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió que el aumento podría restarle al departamento hasta 120.000 millones de pesos en ingresos, ya que un mayor precio desincentivaría el consumo legal y, por ende, reduciría el recaudo del impuesto al consumo que financia la salud y el deporte en las regiones. De manera similar, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) alertó sobre un “impacto crítico”, estimando que la carga fiscal total sobre los licores podría alcanzar hasta el 90 %. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, también expresó su preocupación, señalando que alzas tributarias tan drásticas en licores y tabaco históricamente han fomentado el contrabando, lo que podría resultar en una caída del recaudo efectivo.