Esta estrategia ha sido calificada por la oposición como una reforma tributaria por decreto, generando un pulso jurídico cuya constitucionalidad deberá ser evaluada por la Corte Constitucional. Mientras el Gobierno defiende la urgencia de las medidas para garantizar la estabilidad, sectores empresariales y analistas advierten sobre el impacto en la inversión, el consumo y la seguridad jurídica del país.