El decreto especifica que el IVA se calculará sobre el Gross Gaming Revenue (GGR), que se define como el monto total de las apuestas menos los premios pagados a los jugadores.

Esta fórmula, según la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), “reconoce, por primera vez, la matemática real del negocio”. El gremio celebró que el Ejecutivo abandonara la idea inicial, planteada en la fallida reforma tributaria de 2025, de gravar los depósitos de los usuarios, lo cual consideraban una “base artificial” y “desproporcionada” que hacía inviable la operación legal. A pesar del ajuste técnico, Fecoljuegos advirtió que la nueva carga fiscal, sumando el 15% de derechos de explotación, se situará cerca del 34% (sin contar el impuesto de renta), una de las más altas a nivel global. El gremio enfatizó que este decreto no debe ser un “punto de llegada”, sino el inicio de un diálogo para evitar que la industria legal pierda terreno frente a plataformas ilegales que no tributan.

La sostenibilidad del sector, afirman, es clave para seguir generando empleo y recursos para la salud.