La medida afecta a productos como aguardiente, ron, whisky, vinos y aperitivos, pero excluye explícitamente a la cerveza.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió el incremento argumentando la necesidad de “unificar tarifas y eliminar tratamientos preferenciales”, además de enmarcarlo como un “impuesto saludable” destinado a desincentivar el consumo y a financiar el sistema de salud. La exclusión de la cerveza se justificó por su “alto consumo social” y su “dinámica social distinta”.

Sin embargo, la decisión ha sido recibida con fuertes críticas desde varios frentes.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió que la medida podría restarle al departamento hasta 120.000 millones de pesos en ingresos destinados a la salud. Por su parte, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) calificó el impacto como “crítico”, advirtiendo que la carga fiscal total para el sector podría alcanzar el 90%. Exministros como José Manuel Restrepo y gremios del sector han alertado que un alza tan brusca de impuestos fomentará inevitablemente el contrabando, lo que podría llevar a una caída en el recaudo efectivo y afectar negativamente a la industria legal. El debate se centra en si el beneficio fiscal esperado por el Gobierno superará los perjuicios económicos y sociales derivados de un posible aumento de la ilegalidad y la afectación a las finanzas regionales.