El Gobierno argumenta que los recursos son urgentes para cumplir con fallos judiciales en salud, atender desastres naturales y fortalecer la seguridad.

Sin embargo, diversos sectores han criticado la movida como un “decretazo fiscal” que elude el control del Congreso y genera incertidumbre jurídica, advirtiendo que varias de estas normas podrían ser demandadas ante la Corte Constitucional.