Esta situación fue la “razón fundamental” para acudir a las facultades extraordinarias de la emergencia económica. El Decreto 1484 de finales de 2025 ya había oficializado un recorte presupuestal superior a 4,2 billones, reconociendo explícitamente que “el recaudo efectivo de la vigencia no puede ser inferior al total de los gastos y obligaciones contraídas”. El Gobierno incluyó la estimación de recaudo de la emergencia en el decreto final del Presupuesto de 2026, consolidando así los nuevos ingresos por la vía del decreto para equilibrar las cuentas. La decisión de replicar las medidas de la reforma fallida a través de la emergencia ha sido vista como una estrategia para eludir el control legislativo y asegurar los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos.