El incremento aplica a productos como aguardiente, ron, whisky, brandy y vinos, y se reflejará directamente en el precio final al consumidor. El Gobierno argumentó que la medida responde a la necesidad de "unificar tarifas y eliminar tratamientos preferenciales" para fortalecer el recaudo, destinando los ingresos adicionales a financiar el sistema de salud. Sin embargo, la decisión generó inmediatas reacciones de preocupación. La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) advirtió sobre un "impacto crítico", señalando que la carga fiscal total para el sector podría alcanzar hasta el 90 %. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, alertó que el aumento del IVA a licores podría restarle a su departamento hasta 120.000 millones de pesos en ingresos destinados a la salud, debido a la posible contracción del mercado legal y el fomento del contrabando. Exministros como José Manuel Restrepo también advirtieron que impuestos tan altos en licores y tabaco históricamente han fomentado el comercio ilícito, lo que podría afectar el recaudo esperado por el Gobierno.