Anteriormente, el impuesto aplicaba a patrimonios desde $3.600 millones (72.000 UVT), pero con el decreto de emergencia económica, el umbral se reduce a $2.000 millones (aproximadamente 40.000 UVT), con una tarifa inicial del 0,5 %. Además, se introduce una estructura de tarifas escalonada que llega hasta el 5 % para patrimonios que superen los $100.000 millones, un aumento considerable frente al máximo anterior del 1,5 %. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, esta modificación está diseñada para que “quienes tienen mayor capacidad económica realicen un mayor aporte”. El Gobierno estima que la medida afectará a cerca de 102.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % de la población del país, o el 0,8 % de la base tributaria.

Esta cifra contrasta con los 32.397 contribuyentes que pagaron este impuesto en 2024. La narrativa oficial subraya que la reforma se enfoca en los “superricos”, corrigiendo lo que el ministro describió como un sistema anterior con “poca progresividad”. La decisión ha sido presentada como un esfuerzo por concentrar la carga fiscal en los sectores más favorecidos económicamente, en línea con el principio de que quienes más tienen, más deben aportar al financiamiento del Estado.