Gobierno implementa paquete de impuestos vía decreto de Emergencia Económica
El Gobierno Nacional anunció un ambicioso paquete de medidas fiscales que se implementarán a través de un decreto de emergencia económica, con el objetivo de recaudar $11,1 billones de pesos adicionales a partir del 1 de enero de 2026. Esta decisión surge como respuesta al hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso, lo que, según el Ejecutivo, generó un “desequilibrio fiscal” y un “riesgo macroeconómico”. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, justificó la medida afirmando que busca “equilibrar la situación financiera del Gobierno y de las finanzas públicas” bajo un criterio de “total progresividad”. El paquete tributario, que en esencia replica la reforma fallida, se enfoca en gravar a los sectores de mayores ingresos y patrimonios, al sector financiero y a consumos específicos como licores y bienes de lujo, asegurando que no se afectarán productos de la canasta familiar ni a los estratos medios y bajos. La declaratoria de emergencia y los decretos subsecuentes han reavivado el debate político y económico en el país. Mientras el Gobierno defiende la urgencia y constitucionalidad de las medidas para financiar necesidades en salud, seguridad y atención de desastres, sectores de oposición y gremios empresariales han manifestado su preocupación. Advierten sobre posibles efectos negativos en la inversión, el consumo y la seguridad jurídica, y han anunciado que podrían demandar los decretos ante la Corte Constitucional. El argumento principal de los críticos es que las medidas podrían exceder los límites de una emergencia económica al abordar problemas fiscales estructurales que debieron tramitarse por la vía legislativa ordinaria. El ministro Ávila, sin embargo, insistió en que la negativa del Congreso puso al Gobierno “ante una situación de desfinanciación que se repite por segundo año”, haciendo indispensable el uso de estas facultades extraordinarias para garantizar la estabilidad macroeconómica.



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