Esto representa un cambio sustancial frente a las tarifas actuales, que oscilan entre 0,5% y 1,5%.

Además, un borrador de decreto sugiere que el impuesto podría extenderse por primera vez a personas jurídicas con patrimonios líquidos superiores a 40.000 UVT.

Petro concluyó que esta es la vía "sana económicamente" para financiar el gasto social sin realizar recortes en sectores como educación y salud.