Sin embargo, la declaratoria ha generado un intenso debate jurídico y político.

Expertos como el exministro José Antonio Ocampo y gremios como Asobancaria y la ANDI han cuestionado su constitucionalidad, argumentando que la crisis fiscal era previsible y no un hecho imprevisto. Advierten que la Corte Constitucional podría tumbar el decreto, lo que generaría mayor incertidumbre. El presidente Petro respondió a estas críticas, afirmando que si la Corte derriba el decreto, "la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave". La controversia radica en si el Gobierno utiliza una herramienta excepcional para eludir el control del Congreso y legislar una reforma tributaria por la vía rápida.