Estas empresas emitían facturas por bienes y servicios ficticios que nunca fueron entregados. Posteriormente, empresas reales compraban estas facturas falsas para inflar artificialmente sus costos y gastos operativos, lo que les permitía reducir su base gravable y, en consecuencia, evadir el pago de impuestos.

Por cada factura falsa emitida, la red cobraba una comisión que oscilaba entre el 1% y el 5% del valor total. La investigación, que se extendió por una década, permitió establecer que las empresas de papel no tenían cómo sustentar el volumen de ventas que reportaban, lo que alertó a los entes de control. Como resultado de la operación, un juez ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 de las empresas implicadas, una medida administrativa sin precedentes. Las autoridades fiscales anunciaron que la siguiente fase de la investigación se centrará en las empresas y empresarios que se beneficiaron de la compra de estas facturas para defraudar al fisco, enviando un mensaje contundente contra la corrupción corporativa.