El Gobierno Nacional oficializó la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social por 30 días, una medida excepcional que le otorga facultades para expedir decretos con fuerza de ley en materia tributaria. La decisión, formalizada en el Decreto 1390 de 2025, busca recaudar cerca de 16 billones de pesos para cubrir el déficit fiscal del presupuesto de 2026 tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. La administración del presidente Gustavo Petro justifica la medida argumentando la existencia de “hechos sobrevinientes” que alteraron las finanzas públicas. Entre estos, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mencionó requerimientos de la Corte Constitucional para nivelar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, la necesidad de inversiones urgentes en tecnología antidrones para la fuerza pública y el hundimiento de dos proyectos de financiamiento en el Congreso. El presidente Petro defendió la estrategia afirmando que “lo sano económicamente es aumentar impuestos, pero no se los aumentamos al pueblo, como siempre han hecho, sino a los más ricos de los ricos”. Las medidas tributarias que se expedirán bajo la emergencia se centrarán en un impuesto progresivo al patrimonio, una sobretasa al sector financiero y gravámenes a juegos de azar en línea, licores e hidrocarburos.
Sin embargo, la declaratoria ha generado una fuerte controversia jurídica y política.
Gremios como Asobancaria y expertos como el exministro José Antonio Ocampo han calificado la medida de inconstitucional, argumentando que la crisis fiscal no es un hecho imprevisto, sino un problema estructural conocido. Ocampo advirtió que “esta decisión será declarada inconstitucional por la Corte porque no se cumple el requisito fundamental que establece la Constitución y es que sea un hecho sobreviniente”. La Corte Constitucional evaluará la legalidad del decreto, posiblemente en sesiones extraordinarias, lo que definirá el futuro de los nuevos impuestos y sentará un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en materia fiscal.
En resumenEl Gobierno declaró la emergencia económica para legislar impuestos por decreto y cubrir un déficit de $16 billones, argumentando hechos imprevistos. La medida ha sido fuertemente criticada por gremios y expertos por su presunta inconstitucionalidad, al considerar que la crisis fiscal es estructural y no sobreviniente, dejando su validez en manos de la Corte Constitucional.
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