El presidente manifestó su interés en que este cambio se implemente, transformando un seguro gestionado por aseguradoras privadas en una contribución fiscal administrada por el Estado.

Aunque no se han entregado mayores detalles sobre su implementación, la propuesta abre un nuevo frente de discusión sobre la política de seguridad vial y la estructura de costos para los propietarios de vehículos en Colombia. La conversión del SOAT en un impuesto requeriría una reforma legal significativa y redefiniría la manera en que se financia la atención a las víctimas de accidentes de tránsito en el país.