Sin embargo, la decisión ha generado un profundo debate sobre su constitucionalidad.

Expertos como el exministro José Antonio Ocampo y gremios como el Consejo Gremial y Asobancaria han advertido que la situación fiscal no constituye un “hecho sobreviniente” e imprevisible, requisito indispensable según el artículo 215 de la Constitución, y que el Gobierno cuenta con mecanismos ordinarios como el recorte del gasto. La Corte Constitucional evaluará la legalidad del decreto, aunque la vacancia judicial podría retrasar una decisión de fondo, permitiendo que las medidas tributarias entren en vigor de manera temporal.