La intención del Gobierno Nacional de imponer nuevos impuestos a los cigarrillos mediante el decreto de emergencia económica ha generado una fuerte advertencia de la industria legal, que asegura que la medida fortalecerá el contrabando y afectará el recaudo departamental. BAT Colombia, una de las dos únicas compañías formales del sector, cuestionó la medida, señalando que “decisiones tributarias improvisadas y desproporcionadas” no reducen el consumo, sino que “lo desplazan hacia el mercado ilegal”. La empresa subrayó que el contrabando ya representa más del 36% del consumo nacional y supera el 90% en departamentos fronterizos como La Guajira. El principal incentivo para este fenómeno es la brecha de precios: mientras una cajetilla legal cuesta en promedio $11.067, una de contrabando se consigue por $4.542.
Según BAT, un aumento abrupto en la carga impositiva ampliará aún más esta diferencia.
La compañía recordó que entre 2016 y 2023, el impuesto al cigarrillo aumentó más del 500%, y en ese mismo periodo, el mercado ilegal pasó del 13% al 36%. Además, alertó sobre el riesgo fiscal, ya que solo en 2024 pagó más de $1 billón por impuesto al consumo, recursos que van directamente a los departamentos y representan una parte crucial de sus ingresos. La empresa concluyó pidiendo un diálogo técnico para construir una política fiscal sostenible, acompañada de una estrategia efectiva contra el contrabando.
En resumenLa industria tabacalera se opone al aumento de impuestos a los cigarrillos, argumentando que la medida no reducirá el consumo y, en cambio, incentivará el contrabando, debilitará a la industria formal y pondrá en riesgo importantes ingresos fiscales para los departamentos.