Este cambio es sustancial, considerando que las tarifas vigentes oscilan solo entre el 0,5% y el 1,5%. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el objetivo es “estableciendo un modelo totalmente progresivo de la tributación en materia de patrimonio”. Una de las novedades más controvertidas es que el borrador del decreto contempla aplicar este impuesto también a las personas jurídicas, una medida que no está vigente y que ha generado preocupación en el sector empresarial por su posible impacto en la inversión y la estructura de capital de las compañías, como alertó el Banco de la República.