Gobierno decreta Emergencia Económica para crear impuestos y cubrir déficit fiscal

El Gobierno Nacional ha decretado el Estado de Emergencia Económica y Social, una medida que le otorga facultades extraordinarias para legislar en materia tributaria sin pasar por el Congreso. Esta decisión, motivada por un déficit fiscal estimado en 16 billones de pesos tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento, ha generado un intenso debate sobre su constitucionalidad y sus implicaciones para la economía del país. La declaratoria, formalizada mediante el Decreto 1390, se justifica en la necesidad de recaudar recursos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026 y cubrir gastos urgentes en salud, seguridad y subsidios. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, argumentó que existen “circunstancias sobrevinientes” que validan la medida, como requerimientos de la Corte Constitucional sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud y necesidades de inversión en tecnología para la fuerza pública. Sin embargo, la medida ha sido fuertemente cuestionada por gremios como el Consejo Gremial y Asobancaria, así como por expertos como el exministro José Antonio Ocampo, quienes argumentan que la situación fiscal era previsible y no constituye un “hecho sobreviniente” como exige la Constitución. La controversia se agudiza por el hecho de que la declaratoria coincide con la vacancia judicial, lo que podría retrasar el control automático de la Corte Constitucional sobre los decretos que se expidan, permitiendo que los nuevos impuestos entren en vigor de manera inmediata, aunque su legalidad final esté en duda.

En resumen

La declaratoria de Emergencia Económica faculta al Gobierno para crear impuestos por decreto con el fin de recaudar $16 billones, pero enfrenta serios cuestionamientos sobre su constitucionalidad y ha generado una fuerte oposición de sectores económicos y políticos.

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