La propuesta modifica sustancialmente la estructura actual del tributo.

Se plantea una escala de tarifas que comienza en 1 % para patrimonios líquidos desde $3.600 millones y llega hasta un 5 % para aquellos que superen los $100.000 millones, un incremento considerable frente a las tarifas vigentes que oscilan entre 0,5 % y 1,5 %. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se busca establecer “un modelo totalmente progresivo de la tributación en materia de patrimonio”. Una de las novedades más controvertidas es la inclusión, por primera vez de manera explícita en este marco, de las personas jurídicas y sociedades de hecho como sujetos pasivos del impuesto. Un borrador de decreto establece que el gravamen se generaría para empresas con un patrimonio líquido igual o superior a 40.000 UVT (cerca de $2.094 millones).

Esta medida ha generado alertas en el sector empresarial y financiero.

El Banco de la República ha advertido que un impuesto de este tipo sobre las empresas, especialmente las pymes, podría afectar su estructura de capital, la oferta de crédito bancario y sus resultados operativos. Gremios y analistas temen que la medida desincentive la inversión y la competitividad, trasladando la carga fiscal a un sector productivo ya afectado por una de las tasas de renta corporativa más altas del mundo.