Duras críticas y dudas sobre la constitucionalidad de la Emergencia Económica
La declaratoria de emergencia económica ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre su legalidad por parte de gremios empresariales, analistas económicos y sectores de la oposición. El principal argumento en contra es que la situación fiscal del país, aunque delicada, no cumple con el requisito constitucional de ser un “hecho sobreviniente”, extraordinario e imprevisible, necesario para justificar el uso de facultades excepcionales. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue tajante al señalar que “esta decisión será declarada inconstitucional por la Corte porque no se cumple el requisito fundamental”. En la misma línea, el Consejo Gremial afirmó que “es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales” y que la situación fiscal era previsible desde hace meses. Asobancaria también rechazó el decreto, afirmando que “carece de fundamentos tanto jurídicos como técnicos”. Los críticos sostienen que el Gobierno cuenta con mecanismos ordinarios, como el recorte del gasto público, para enfrentar el déficit. La Contraloría y el Comité Autónomo de la Regra Fiscal (CARF) habían advertido previamente sobre el desfinanciamiento y el exceso de gasto. La preocupación se extiende al ámbito jurídico, ya que los decretos expedidos bajo la emergencia deben ser revisados por la Corte Constitucional. Ante la inminencia de la vacancia judicial, gremios como el Consejo Gremial y la ANDI solicitaron a la Corte analizar la suspensión provisional de los efectos del decreto para “prevenir perjuicios irremediables a la economía”. El presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, estaría evaluando citar a una sala plena extraordinaria. El presidente Petro, por su parte, advirtió que si la Corte tumba el decreto, “la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave”.



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