Como una de las medidas centrales de la emergencia económica, el Gobierno ha propuesto una reforma significativa al impuesto al patrimonio, buscando aumentar el recaudo a través de un esquema de tarifas progresivas que afectarían a los patrimonios más altos del país. Esta iniciativa se presenta como un pilar para financiar el déficit fiscal y se alinea con el discurso del presidente Gustavo Petro de gravar a los “megarricos”. La propuesta, detallada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, establece un sistema escalonado que se intensifica con el valor del patrimonio. Las tarifas irían desde el 1% para patrimonios entre 3.600 y 6.000 millones de pesos, hasta un 5% para aquellos que superen los 100.000 millones. Este esquema representa un aumento sustancial frente a las tasas actuales, que oscilan entre el 0,5% y el 1,5%.
El presidente Petro ha defendido la medida afirmando que lo sano es aumentar impuestos, pero “no se los aumentamos al pueblo, como siempre han hecho, sino a los más ricos de los ricos”. Se estima que el impuesto afectará solo al 0,6% de las familias colombianas y permitiría recaudar 1,7 billones de pesos. Adicionalmente, un borrador de decreto contempla extender el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas durante la vigencia 2026, aplicable a aquellas con un patrimonio líquido igual o superior a 40.000 UVT.
El ministro Ávila insistió en que el objetivo es la equidad, para que “aporten más quienes tienen más”. Sin embargo, la medida ha generado inquietud en gremios y analistas, quienes advierten sobre posibles efectos negativos en la inversión y el clima de negocios.
En resumenLa reforma al impuesto al patrimonio es una de las medidas fiscales más importantes bajo la emergencia económica, con un sistema de tarifas progresivas que busca un mayor aporte de las grandes fortunas y empresas, aunque genera debate sobre su impacto en la inversión.