La actualización introduce pagos digitales, ajusta impuestos clave y habilita beneficios para deudores, buscando fortalecer la sostenibilidad financiera del municipio.

De manera similar, en Ibagué, la administración modificó el Estatuto Tributario para corregir desequilibrios en el cobro del impuesto predial rural tras una actualización catastral que no se realizaba en diez años. La reforma estableció topes de incremento diferenciados según el tamaño de la propiedad, buscando proteger a los pequeños campesinos. Por su parte, el consultor Boris Zapata Romero destacó la experiencia de Montería, que ajustó su estatuto para reducir cargas y simplificar requisitos para los nuevos empresarios. Según Zapata, aliviar la presión tributaria inicial es una jugada clave para “quitarle fricción a la formalidad”, ya que amplía la base de contribuyentes a mediano plazo. Estas reformas locales buscan no solo mejorar el recaudo, sino también crear un entorno más favorable para la actividad económica, reconociendo que la complejidad y los costos de los tributos locales pueden ser una barrera para la legalización de negocios.