Expertos y gremios han manifestado su escepticismo.

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue tajante al señalar que “esta decisión será declarada inconstitucional por la Corte porque no se cumple el requisito fundamental que establece la Constitución y es que sea un hecho sobreviniente”. El Consejo Gremial se pronunció en la misma línea, argumentando que la situación fiscal era previsible y que no existe un hecho extraordinario que justifique la medida. El presidente Gustavo Petro se anticipó a la discusión, advirtiendo en un mensaje que “si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave”. La declaratoria se produjo justo al inicio de la vacancia judicial, que va del 20 de diciembre al 13 de enero, lo que en la práctica implica que las medidas podrían entrar en vigor sin un control inmediato. No obstante, se ha informado que el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibañez, estaría evaluando citar a una sala plena extraordinaria para iniciar el trámite con urgencia, lo que podría acelerar una decisión sobre la suspensión provisional de los efectos del decreto.