El ministro del Interior, Armando Benedetti, reforzó esta idea al asegurar que la medida busca poner “impuestos a los megarricos y no como ha dicho la oposición que es la clase media”. La decisión ha generado un intenso debate sobre su constitucionalidad y ha sido calificada por algunos expertos como un “atajo institucional” ante la falta de consensos en el Legislativo.