Este nuevo tributo se aplicará a grandes empresas o grupos económicos que en el año anterior hayan obtenido una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT.

El Gobierno busca con esta medida captar recursos de uno de los sectores más rentables de la economía nacional, destinando los ingresos exclusivamente a atender las necesidades fiscales que motivaron la declaratoria de emergencia. Esta propuesta revive un intento previo de gravar al sector, ya que se había contemplado un impuesto transitorio similar durante la conmoción por la crisis de orden público en el Catatumbo. La base gravable será el valor de la venta o, en el caso de las exportaciones, el valor FOB en pesos colombianos. La medida ha generado inquietud en el sector extractivo, que ya enfrenta otras cargas fiscales y regulatorias.