El borrador del decreto establece tarifas progresivas que podrían oscilar entre el 0,5% y el 5% según el tamaño del patrimonio, con un sistema diferenciado para personas jurídicas. La implementación de este tributo representa un cambio estructural en la tributación empresarial en Colombia, ya que tradicionalmente el impuesto al patrimonio se había concentrado en personas naturales de altos ingresos. La propuesta ha generado una fuerte reacción en gremios empresariales y analistas económicos, quienes advierten sobre posibles efectos negativos en la inversión, la competitividad y el flujo de caja de las compañías, especialmente las pequeñas y medianas. Por su parte, el Gobierno defiende la medida como una forma de que los sectores con mayor capacidad contributiva aporten a la sostenibilidad fiscal del país en un momento de crisis presupuestal. La medida también revive la discusión sobre la conveniencia de gravar el patrimonio productivo, un debate que ha sido recurrente en las últimas reformas fiscales del país.