Fuerte controversia jurídica y política por uso de la emergencia económica
La decisión del Gobierno de legislar por decreto ha generado un inmediato rechazo de gremios empresariales y sectores de oposición, que cuestionan la constitucionalidad de la medida. Existe una creciente presión para que la Corte Constitucional realice un control expedito sobre los decretos, cuya expedición coincide con el inicio de la vacancia judicial. El Consejo Gremial Nacional ha sido una de las voces más críticas, afirmando que "es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica". Argumentan que la situación fiscal del país era "previsible" y que no existe un "hecho sobreviniente" que justifique la medida, ya que el Gobierno cuenta con mecanismos ordinarios como el aplazamiento o recorte de gastos. Por ello, han solicitado a la Corte Constitucional que analice "con inmediatez sobre la suspensión provisional de los efectos del Decreto". La controversia se agudiza por el momento elegido para la declaratoria, justo al inicio de la vacancia judicial, lo que en la práctica podría permitir que las medidas entren en vigor sin un control judicial inmediato. Aunque se ha mencionado que el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, estaría evaluando citar a una sala plena extraordinaria, fuentes del tribunal consideran improbable la citación antes de enero de 2026. Esta situación genera una gran incertidumbre jurídica y económica, pues los impuestos podrían empezar a recaudarse antes de que el alto tribunal se pronuncie sobre su legalidad.



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