En paralelo, se propone una reforma significativa al impuesto al patrimonio.

Este tributo se generaría el 1 de enero de 2026 para patrimonios líquidos iguales o superiores a 40.000 UVT.

La principal novedad es la inclusión de personas jurídicas y sociedades de hecho como sujetos pasivos del impuesto, una medida que tradicionalmente solo aplicaba a personas naturales.

El esquema contempla tarifas progresivas que para las empresas podrían ir del 0,5% hasta el 5% para los patrimonios más elevados. El Gobierno también busca reducir el umbral a partir del cual las personas naturales deben pagar, estableciéndolo en patrimonios superiores a 2.000 millones de pesos, en contraste con el límite actual de 3.600 millones. Estas dos medidas constituyen el núcleo de la estrategia de recaudo del Ejecutivo, al combinar un impuesto de amplia base como el GMF con uno altamente focalizado en la riqueza acumulada.