El hundimiento de la Ley de Financiamiento, detonante de la crisis fiscal
El archivo de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República es señalado por el Gobierno como el hecho sobreviniente que justifica la declaratoria de emergencia. La iniciativa, que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos, era considerada clave para cubrir un déficit en el Presupuesto General de la Nación de 2026, previamente aprobado por el mismo Legislativo. El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en señalar la responsabilidad del Congreso, afirmando que tuvo "dos veces la oportunidad de aprobar una ley de financiamiento" y en ambas ocasiones la hundió. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reforzó esta postura al calificar la situación como una "especie de trampa", argumentando que no existe antecedente de que el Congreso apruebe un presupuesto y luego le retire al Gobierno los recursos para ejecutarlo. Para el Ejecutivo, esta negativa constituye el hecho "imprevisible" que exige la Constitución para declarar la emergencia, a pesar de que analistas y gremios sostienen que el rechazo de una ley en una democracia es un evento previsible. La narrativa del Gobierno se centra en que la acción del Congreso, descrita por Ávila como un acto de "poca responsabilidad con el país", obligó a buscar vías alternativas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esta justificación será fundamental en el posterior control que la Corte Constitucional deberá hacer sobre la legalidad del decreto de emergencia, donde se evaluará si el hundimiento de una ley puede considerarse un hecho extraordinario que amerite el uso de facultades excepcionales.



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