Esta vía ejecutiva representa una respuesta contundente del Gobierno ante lo que considera un bloqueo legislativo a su agenda fiscal.

Al actuar por decreto, el Ejecutivo puede implementar cambios de manera inmediata, aunque estas normas quedan sujetas a un control automático posterior por parte de la Corte Constitucional. La decisión anticipa un escenario de alta tensión política y jurídica, ya que elude el debate democrático en el Congreso sobre asuntos tan sensibles como la creación y modificación de impuestos que afectarán a ciudadanos y empresas. La estrategia del Gobierno se presenta como una herramienta necesaria para garantizar la estabilidad financiera del país, aunque sus críticos la ven como una extralimitación de las funciones presidenciales para imponer una reforma tributaria que no logró consensos políticos.