En medio del debate sobre la necesidad de nuevos impuestos, el presidente Gustavo Petro denunció una presunta red de corrupción a gran escala dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que habría causado una defraudación al Estado estimada en 8 billones de pesos. Según el mandatario, el software de la entidad, denominado Lucía, “está hecho para robar”, ya que su arquitectura permite la manipulación de registros de importaciones y declaraciones de renta para facilitar el contrabando y la evasión fiscal. La directora de la Agencia ITRC, Eva Carolina Madrid, detalló hallazgos de 29 inspecciones, que incluyen la alteración de sistemas para permitir el ingreso de mercancías sin control, la venta de cuentas de funcionarios en el mercado negro, y la participación de 32 empresas legales en importaciones de contrabando.
Se informó que 116 funcionarios están siendo investigados.
El director (e) de la DIAN, Carlos Betancourt, admitió que el sistema de selectividad de importaciones es vulnerable a “intrusiones fraudulentas” y que una tercera parte de las mercancías no son sujetas a control. Esta denuncia de corrupción sistémica añade una capa de complejidad al panorama fiscal, pues el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que el bajo crecimiento del recaudo está ligado a estos fenómenos, lo que subraya la urgencia no solo de reformas tributarias, sino también de una profunda reestructuración en la administración de impuestos.
En resumenEl presidente Petro denunció una defraudación de $8 billones en la DIAN, atribuyéndola a una “red criminal” que manipula el software de la entidad para facilitar el contrabando y la evasión. Con 116 funcionarios investigados, la denuncia revela una corrupción estructural que, según el Gobierno, afecta gravemente el recaudo y justifica la necesidad de reformas profundas en la administración tributaria.