La reforma proponía gravar principalmente al sector financiero y a los altos patrimonios. La oposición, por su parte, argumentó que la iniciativa podría afectar la actividad empresarial y la clase media.

Este bloqueo legislativo dejó al Ejecutivo con un vacío fiscal que, según argumenta, solo puede ser llenado a través de medidas extraordinarias para evitar recortes en inversión social y garantizar el funcionamiento del Estado.