Para los licores, se propone un impuesto de $750 por cada grado alcoholimétrico en una unidad de 750 cc, complementado con un componente ad valorem del 30% sobre su valor. En cuanto a los cigarrillos, la tarifa específica se fijaría en $11.200 por cajetilla de 20 unidades, junto con un adicional ad valorem del 10%. Los productos de vapeo y cigarrillos electrónicos también serían gravados de manera significativa: los derivados líquidos tendrían una tarifa de $2.000 por mililitro más un componente ad valorem del 30%. Estas propuestas replican casi textualmente lo que se intentó aprobar en el Congreso, mostrando la insistencia del Gobierno en utilizar la tributación como una herramienta de política de salud pública. El aumento de estos gravámenes impactaría directamente los precios al consumidor final, generando debate sobre su efectividad para reducir el consumo y el riesgo de un aumento del contrabando de estos productos.