Según los borradores filtrados, la obligación se generaría por la posesión de un patrimonio líquido igual o superior a 40.000 UVT (aproximadamente $1.991 millones) al 1 de enero de 2026, con una tarifa inicial del 0,5%. Esta base es inferior a la actual, que se cobra a partir de los $3.600 millones. Para las personas jurídicas, se establecen tarifas progresivas que inician en el 1% para patrimonios superiores a 70.000 UVT ($3.486 millones) y pueden llegar hasta un 5% para patrimonios de más de dos millones de UVT. Esta medida revive una de las propuestas centrales de la reforma tributaria hundida en el Congreso y se alinea con la intención del Gobierno de aumentar la carga tributaria sobre los sectores de mayores ingresos, a quienes el presidente Petro ha calificado como “megarricos”. La inclusión de las personas jurídicas es un cambio notable que busca ampliar la base de contribuyentes de este impuesto. La medida ha sido criticada por gremios empresariales, quienes argumentan que un impuesto permanente al patrimonio puede desincentivar la inversión y provocar la salida de capitales del país.