Son simplemente desalmados".

El Gobierno sostenía que la ley se enfocaba en las altas utilidades del sector financiero para financiar programas sociales, como la garantía de una pensión mínima para adultos mayores. Ante el fracaso legislativo, el Ejecutivo insiste en que la única vía para asegurar la estabilidad fiscal es una reforma que grave las grandes fortunas, advirtiendo que, de lo contrario, el déficit fiscal podría alcanzar el 7,5% del PIB en 2026.