La reforma fiscal aprobada incluye un conjunto de deducciones y exenciones para las empresas que inviertan en proyectos de I+D+i. El objetivo del Gobierno es claro: diversificar la economía nacional, reducir la dependencia de las materias primas y fortalecer sectores de alto valor agregado como el software, la biotecnología y la manufactura avanzada. Estos incentivos están diseñados para que las empresas consideren más atractivo destinar recursos a la innovación, lo que a su vez podría mejorar la productividad y la competitividad del país a largo plazo. La aprobación de estos beneficios tributarios se produce en paralelo a la nueva ley de IA, que establece un marco ético y regulatorio para el uso de estas tecnologías, con un enfoque en la transparencia y la no discriminación. Ambas leyes se complementan, pues mientras una regula los riesgos de la IA, la otra promueve su desarrollo y adopción a través de ventajas fiscales.

El Gobierno espera que esta combinación de regulación e incentivos cree un ecosistema favorable para la innovación y atraiga inversión tanto nacional como extranjera en sectores tecnológicos estratégicos.