El proyecto original buscaba recaudar $26,3 billones, pero fue ajustado para facilitar su trámite.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la reforma como un "Pacto Fiscal" necesario para financiar programas sociales, proyectos de inversión y cumplir con las obligaciones de deuda del Estado, asegurando que se enfocaba en los sectores con mayores ingresos y utilidades, como el financiero. Sin embargo, la oposición, liderada por figuras como el senador Efraín Cepeda, argumentó que la reforma "golpeaba a las clases bajas y medias" y no era oportuna. Tras la decisión, el presidente Gustavo Petro la calificó como predecible y producto del "odio político por encima del interés nacional", advirtiendo que "si la crisis no la pagan los ricos, la pagarán los pobres". El hundimiento obliga al Ejecutivo a buscar alternativas urgentes, que incluyen recortes en el gasto público, lo que podría afectar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y la financiación de proyectos estratégicos en áreas como salud, educación e infraestructura, o la búsqueda de otras fuentes de ingreso en un escenario político adverso.