Esta decisión ha desencadenado una crisis política y fiscal, con el Ejecutivo evaluando medidas excepcionales para cubrir el faltante. La iniciativa fue hundida en la Comisión Cuarta del Senado con nueve votos en contra y cuatro a favor, lo que representó una derrota significativa para el Gobierno. La negativa del legislativo se fundamentó en preocupaciones sobre el impacto de los nuevos gravámenes en la clase media y baja, así como en un ambiente político adverso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lamentó la decisión, calificándola como “estrictamente política, derrotista y desconectada de la realidad fiscal y social del país”. El Gobierno había intentado negociar, reduciendo la meta de recaudo de $26,3 a $16,3 billones y eliminando propuestas controvertidas como impuestos a los combustibles.

Sin embargo, la insistencia en mantener una sobretasa al sector financiero y otros gravámenes no logró el consenso necesario. Tras el archivo, el presidente Petro criticó la decisión, atribuyéndola al “odio político por encima del interés nacional” y advirtiendo sobre “consecuencias imprevisibles”. La principal controversia ahora radica en la posible declaratoria de un estado de emergencia económica, una medida que el ministro Ávila no descartó al afirmar que el rechazo del Congreso creó un “hecho sobreviniente”. Esta posibilidad ha sido fuertemente cuestionada por congresistas y analistas, quienes argumentan que una derrota legislativa no constituye una causal para un estado de excepción y que el Gobierno debe optar por un recorte presupuestal.