Esta posibilidad ha desatado un intenso debate jurídico y político sobre su constitucionalidad y conveniencia.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que “se debe estudiar” esta alternativa, argumentando que la negativa del Congreso a financiar un presupuesto que ellos mismos aprobaron constituye un “hecho sobreviniente”. El presidente Petro ha respaldado esta visión, sugiriendo que el rechazo legislativo “desploma la economía”.

Sin embargo, esta postura enfrenta una fuerte oposición.

Congresistas como Angélica Lozano y expertos juristas sostienen que una derrota legislativa previsible no califica como un hecho extraordinario e imprevisto que justifique una medida de excepción, y que su uso sería un atajo inconstitucional para evadir el debate democrático. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, considera que no se justifica la medida, pues el desfinanciamiento representa solo el 3% del presupuesto. Varios congresistas han advertido que, de declararse la emergencia, acudirán de inmediato a la Corte Constitucional para demandar los decretos expedidos, argumentando que se estaría desnaturalizando una herramienta excepcional para convertirla en un mecanismo de gobierno ordinario.