Esta decisión genera un complejo escenario para las finanzas públicas y abre un debate sobre las alternativas del Gobierno para cubrir el déficit.

La propuesta fue derrotada en la Comisión Cuarta del Senado con nueve votos en contra y cuatro a favor, lo que significó su hundimiento definitivo. El Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila, había reducido la meta de recaudo inicial de $26,3 billones a $16,3 billones en un esfuerzo por lograr un consenso que resultó infructuoso. La reacción del Ejecutivo fue contundente; el presidente Gustavo Petro calificó la decisión como un acto de “odio político por encima del interés nacional”, mientras que el ministro Ávila la describió como una “vendetta contra el Gobierno”. Según el Gobierno, el rechazo pone en riesgo la financiación de programas sociales, proyectos de inversión y el pago de la deuda.

Por su parte, los congresistas opositores argumentaron que la reforma afectaba a la clase media y a los sectores productivos.

Analistas como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señalaron que, ante la derrota legislativa, el Gobierno deberá proceder con un recorte presupuestal equivalente al monto que se esperaba recaudar.