Este proceso jurídico le permite a la autoridad tributaria tomar medidas cautelares para asegurar el pago.

Tradicionalmente, esto incluía el embargo de cuentas bancarias, salarios, honorarios y bienes muebles e inmuebles.

Ahora, la medida se extiende explícitamente a las billeteras digitales.

Dado que estos depósitos electrónicos son administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o la de Economía Solidaria, sus recursos pueden ser congelados bajo las mismas reglas que aplican a otros productos financieros.

El procedimiento se inicia con la expedición de un mandamiento de pago que notifica al deudor sobre el monto adeudado y le otorga un plazo para pagar o presentar una defensa. Si no hay respuesta, la DIAN ordena el embargo a las entidades financieras y operadores de las billeteras, quienes están obligados a congelar los saldos hasta cubrir el valor de la deuda. Esta acción subraya la modernización de las herramientas de fiscalización de la DIAN y su capacidad para rastrear activos en el ecosistema financiero digital, cerrando posibles vías de elusión para los deudores. Para los usuarios, esto significa que los fondos en estas plataformas populares ya no están exentos de las acciones de cobro de la autoridad tributaria.