Esta alternativa ha generado un intenso debate jurídico y político sobre su constitucionalidad y conveniencia.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no descartó la medida, afirmando que se analizarán "todas las medidas que sean necesarias" para asegurar la estabilidad fiscal. El argumento del Ejecutivo es que el propio Congreso generó un "hecho sobreviniente" al aprobar un presupuesto desfinanciado y luego negar la ley que proveía los ingresos.

El presidente Gustavo Petro también había advertido sobre esta posibilidad, vinculando la falta de recursos a recortes en proyectos clave.

Sin embargo, la propuesta enfrenta una férrea oposición.

Congresistas como Angélica Lozano y columnistas como Carlos Edward Osorio han advertido que el hundimiento de una ley no constituye un hecho extraordinario e imprevisible que justifique un estado de excepción, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte ha establecido que las emergencias no pueden basarse en problemas estructurales, dificultades previstas o debates políticos no resueltos. Expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, y el exministro José Manuel Restrepo, coinciden en que no existen causales jurídicas para la declaratoria.

Advierten que cualquier decreto emitido bajo esta figura sería demandado inmediatamente ante la Corte Constitucional, lo que podría agudizar la crisis institucional y la tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La discusión pone de manifiesto la encrucijada del Gobierno: arriesgarse a una confrontación constitucional o proceder con recortes presupuestarios significativos.