La iniciativa gubernamental, que originalmente aspiraba a recaudar $26,3 billones, había sido ajustada para buscar consensos, eliminando puntos polémicos como el IVA a los combustibles. Sin embargo, la oposición, liderada por figuras como el senador Efraín Cepeda, argumentó que la reforma seguía siendo lesiva para las clases medias y bajas. Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó la decisión como predecible y motivada por el "odio político por encima del interés nacional", advirtiendo que las consecuencias fiscales serían imprevisibles. El hundimiento representa un duro revés para el Ejecutivo, siendo la segunda reforma tributaria rechazada durante su mandato, tras una primera que sí fue aprobada en 2022. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lamentó la decisión, señalando que un "pequeño y reducido grupo de senadores" le dio la espalda a las necesidades sociales del país. Ahora, el Gobierno se ve obligado a buscar alternativas para cubrir el déficit, lo que podría implicar recortes en programas sociales, infraestructura y otros compromisos del Plan Nacional de Desarrollo, o recurrir a un mayor endeudamiento. La falta de estos recursos pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y evidencia las crecientes dificultades de gobernabilidad del Ejecutivo en su relación con el poder legislativo.