Congresistas de oposición, como el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador, argumentaron que la reforma “golpeaba a las clases bajas y medias”. El rechazo se centró en la creación de nuevos gravámenes y el aumento de cargas para sectores como el financiero y el de hidrocarburos, así como en la controvertida propuesta de revivir la no deducibilidad de las regalías, una medida previamente declarada inexequible por la Corte Constitucional. El hundimiento deja al presupuesto nacional con un desfinanciamiento de $16,3 billones, obligando al Gobierno a buscar alternativas como recortes de gasto o nuevas fuentes de ingreso.

El presidente Gustavo Petro reaccionó enérgicamente, atribuyendo la decisión al “odio político por encima del interés nacional” y advirtiendo sobre “consecuencias imprevisibles” para las finanzas del país y los programas sociales.