Adicionalmente, el Gobierno propuso suprimir el nuevo impuesto a los combustibles, otro de los puntos que generaba mayor resistencia.

A pesar de estas concesiones, la reforma mantenía otros elementos polémicos, como nuevos tributos para el sector financiero y la ampliación de la base gravable del impuesto al patrimonio para fortunas superiores a $2.600 millones. El ministro Ávila defendió la carga sobre el sector financiero, argumentando que su tasa efectiva de tributación, cercana al 17%, era inferior a la de otros sectores como comunicaciones o industria. Por su parte, Betancourt desestimó una propuesta alternativa de algunos congresistas, una “ley de reactivación económica”, al afirmar que “sus efectos sobre sostenibilidad fiscal son muy limitados” y que “no da la plata que se necesita”.

El fracaso en lograr un consenso demuestra la profunda división política y la dificultad del Gobierno para construir mayorías en torno a su agenda fiscal.